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Victor Hugo Juarez
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En conferencia de prensa, Railroad Development Corporation (RDC) informó que el día de hoy presentó un aviso de intención para plantear un juicio de arbitraje en contra de la República de Guatemala, de conformidad con las normas del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América y los Estados Unidos (CAFTA). RDC emprendió esta acción en nombre propio y en representación de su compañía afiliada en Guatemala: Ferrovías Guatemala.
Henry Posner III, Presidente de los Consejos de Administración de RDC y Ferrovías Guatemala, expresó: “Las recientes acciones por parte del Gobierno de Guatemala han llegado a convertirse en una expropiación indirecta de los activos de nuestra compañía y en una interferencia directa a los derechos contractuales de la misma. Asimismo, creemos que tales acciones fueron tomadas por encargo de empresas privadas guatemaltecas, interesadas en determinados activos que forman parte del usufructo (concesión a 50 años) que ganamos por licitación pública en 1997. No tenemos más opción que buscar una solución al conflicto en el ámbito internacional, pues está claro que el sistema legal de Guatemala continuará siendo manipulado en nuestra contra. El CAFTA pretende promover la inversión del sector privado a través de brindar protección a los inversionistas internacionales, y es esa protección la que nosotros estamos pidiendo ahora”.
Parece ser que la acción emprendida por RDC es la primera que solicita utilizar el sistema de resolución de conflictos entre inversionista y el Estado de acuerdo con el Capítulo 10 del CAFTA. En agosto de 2006, luego que el CAFTA entrara en vigor, el Gobierno de Guatemala emitió un acuerdo gubernativo para declarar la lesividad de la privatización del sistema ferroviario nacional por ser contraria a los intereses del Estado. A partir de entonces, Ferrovías Guatemala ha sufrido pérdidas graves a causa de la imposibilidad de obtener crédito, la negativa de los clientes del transporte de carga a negociar con una empresa privada que está siendo atacada por el Gobierno de Guatemala, y la imposibilidad de obtener ingresos por otros negocios relacionados con el ferrocarril, como el arrendamiento de las instalaciones de las estaciones en áreas urbanas y el derecho de vía que conecta centros urbanos para actividades como la distribución de energía eléctrica.
“Como un primer ejemplo de lo que lograría el sector privado al rehabilitar un sistema ferroviario nacional en total abandono, el contrato de usufructo fue estructurado de manera tal que podrían percibirse ingresos provenientes de negocios secundarios como el arrendamiento y así financiar la infraestructura ferroviaria principal. El incumplimiento por parte del Gobierno de Guatemala de dar un trato justo a Ferrovías Guatemala y sus inversionistas, tal y como el CAFTA lo requiere, ha menoscabado a tal grado nuestra capacidad de operar y cumplir nuestros objetivos que constituye una expropiación indirecta de los activos de la compañía y su derecho de generar ingresos”, comentó Robert A. Pietrandrea, Presidente de RDC.
Con esta acción, RDC ha emprendido un proceso que le permitirá plantear sus demandas a través del arbitraje, después de 3 meses de espera. Mientras tanto, RDC ha señalado su intención de confrontar “la cultura de corrupción y negación” a la que se refirió en su comunicado de prensa del pasado agosto de 2006, luego que se emitiera la Declaración de Lesividad.
“Al emprender esta acción dejamos clara nuestra intención de invertir considerables recursos financieros en este proceso de resolución de conflictos, no obstante las grandes pérdidas operativas que estamos sufriendo actualmente. Hemos contratado el mejor equipo legal que existe, tanto en Guatemala como en la arena internacional.
Según comentó la abogada Vargo, “el CAFTA traerá oportunidades económicas al pueblo de Guatemala únicamente si su gobierno se hace responsable de sus acciones. Afortunadamente, el CAFTA le concede a RDC el derecho de llevar este caso de expropiación indebida a un juicio imparcial de arbitraje internacional. Será otro golpe para el estado de Derecho en Guatemala cuando la Declaración de Lesividad emitida por el Gobierno tenga que pasar por el escrutinio de las normas internacionales de justicia y protección”.
“Tal y como lo indicamos en agosto, nos encontramos bajo una tremenda presión financiera debido al escalofriante efecto que han tenido las acciones del Gobierno en nuestra contra. Al mismo tiempo, mantener abierto un servicio ferroviario descapitalizado en un medio como el de Guatemala, ha sido particularmente arduo por diversos factores que van desde inundaciones a invasiones, hasta el robo indiscriminado de nuestro derecho de vía, no sólo por entidades del sector privado sino también del sector público, con el apoyo tácito del gobierno central. Por tales razones hemos emprendido esta acción drástica, en un medio donde el Gobierno, además de incumplir con sus responsabilidades según los términos del usufructo, también ha actuado en contra nuestra y tomado medidas para sacarnos de la jugada sin pagarnos una compensación justa. Actuamos apoyados en nuestra idea fundamental de que el ferrocarril es una fuente de beneficio tanto económico como ambiental, con la esperanza de que a largo plazo, estos esfuerzos serán apreciados por nuestro país anfitrión”, concluyó Posner.
Acerca de RDC
RDC es una compañía privada con sede en Pittsburgh, que administra e invierte en sistemas ferroviarios, especialmente “corredores emergentes en mercados emergentes”. Para más información acerca de RDC y sus operaciones conjuntas en Estados Unido, Argentina, Guatemala, Perú, Malawi y Mozambique, visítenos en www.RRDC.com.
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